Hidalgo, cuna de la transparencia

(César Cruz, Diario Plaza Juárez, 03/03/2007)

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública de la Cámara de Diputados aprobaron, en el transcurso de la presente semana, reformas al artículo sexto de nuestra Carta Magna, en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. La finalidad de la reforma es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los tres niveles de gobierno, estén obligados a la rendición de cuentas.

En ese sentido, la reforma establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. En la interpretación de este derecho, establece el documento aprobado, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. No obstante, en lo que se refiere a la vida privada y los datos personales, la reforma indica que la información sólo podrá ser divulgada cuando exista interés público que así lo justifique.

De aprobarse, el proyecto de decreto obligará a las entidades federativas a legislar o realizar las modificaciones necesarias en materia de acceso a la información pública y transparencia, estableciendo al efecto el plazo de un año. Por otro lado, serán leyes particulares las que determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, como es el caso de los sindicatos, los partidos políticos o las organizaciones no gubernamentales.

Esta reforma, planteada hasta aquí de manera sucinta, pone el dedo en la llaga de uno de los grandes problemas nacionales: la corrupción inherente a la opacidad con que se manejan los recursos públicos asignados a la Federación, los estados y los municipios. Opacidad que, como ahora se reconoce, limita las posibilidades del desarrollo nacional al expresarse como una constante fuga de recursos.

En el estado de Hidalgo esta opacidad se manifiesta de diversas maneras. Podemos mencionar, por ejemplo, el lamentable caso de los presuntos aviadores en la Secretaría de Educación Pública de la entidad o en el ayuntamiento de Pachuca. También puede hablarse de la falta de claridad en el origen de la deuda pública, que prácticamente ahoga las finanzas del gobierno estatal. O podemos preguntarnos a dónde han ido a parar los recursos asignados a la aún inconclusa carretera Pachuca-Tulancingo.

Durante los últimos años el tema de la transparencia ha sido parte importante del discurso público. El tema proviene de las recomendaciones del Banco Mundial para países como el nuestro, a fin de lograr la confianza de los inversionistas de otros países. Así, podemos verle como un traje de moda que en México pocos quieren ceñirse, pues les resta libertad para nadar a placer en el caudal público.

En nuestro estado, sin embargo, la transparencia no es algo nuevo y no requirió la existencia de una ley especial. Se trató simplemente de una cuestión de voluntad política y de un ejemplo de honestidad en el ejercicio del poder público.

Corría la segunda mitad de la década de los setenta. Por su excepcionalidad, el hecho fue reseñado en una revista de amplia circulación. Me refiero a la gestión como presidente municipal de Tulancingo del Dr. Jorge Berganza de la Torre, quien diariamente hizo público un informe de la tesorería sobre el destino de los recursos a su cargo.

Así se gestó el primer ejercicio de transparencia en nuestro país. Lamentablemente no fue declarado deporte nacional como la charrería, y aún no es un deporte de masas como el fútbol.